Los mecanismos de rendición de cuentas y control
social en Ecuador son obligatorios para las autoridades electas, incluyendo a
los concejales urbanos que sean elegidos en las elecciones seccionales de
noviembre de 2026. Este marco normativo está regulado por la Constitución, la
Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC) y las directrices del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
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